Los cursos a trabajadores que proveen las administraciones públicas se liberalizan. Una resolución emitida durante el estado de alarma y en vigor desde este mes determina que «las empresas podrán organizar la formación e impartir acciones formativas» a empleados que no sean los suyos, una decisión que abre una vía de negocio a compañías internacionales como Google o a españolas como Telefónica, que podrán aspirar de ahora en adelante a disfrutar de esos fondos y bonificaciones.
En el sector tecnológico creen que esta decisión enmarcada en el actual estado de alarma se prolongará en el futuro y servirá además para resolver un problema que se viene padeciendo desde hace años, tal y como exponen distintos especialistas del sector educativo y empresarial a EL MUNDO: a día de hoy, no se encuentran entidades formativas que cumplan los abundantes requisitos exigidos para impartir ciertos cursos y además muchos de esos títulos ofrecidos se ofrecen se quedan desactualizados a velocidades vertiginosas.
Cada año, se destinan más de 2.000 millones de euros para formar a los españoles, aunque la mayor parte de esa cantidad va a parar a los desempleados. Sin embargo, dentro de esa cifra, hay otra partida dedicada a los ocupados, que en el sector se calcula en alrededor de 600 millones de euros. Esa suma para las arcas públicas nunca debería dedicarse a cualquier otra actividad, pues una cuota finalista, tal y como ha expuesto hasta el Tribunal Constitucional, pero esa circunstancia se ha alterado reciente y excepcionalmente por el Gobierno, que se está sirviendo de estos fondos para aliviar el ingente volumen de prestaciones sociales que debe afrontar con la crisis sanitaria. El dinero procede del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de las comunidades autónomas.
Es decir, existe una formación profesional o FP educativa, pero también otra laboral, unos cursos públicos a trabajadores que, sólo contabilizando los que estaban en ejecución antes del estado de alarma, alcanzan a más de cinco millones de personas. La gran empresa ya prepara su desembarco en ese ámbito bonificado para sus actividades. Fuentes del Ministerio de Trabajo exponen que «sólo hay una adaptación al Covid-19», pero la patronal tecnológica DigitalES ya ha advertido sobre el giro normativo.
Redes 5G que han de ser desplegadas, drones que deberían simplificar la agricultura, sistemas de información que se antojan ya imprescindibles en el ámbito de la construcción… Según la Unión Europea, España acredita una posición 11 en el ránking de digitalización, pero desciende al puesto 18 si se atiende a la presencia de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) dentro del maltrecho mercado laboral. Ya en 2018, DigitalES estimaba que había más de 10.000 vacantes de empleo en el sector tecnológico español por cubrir.
Los repetidos intentos de remediar estas carencias no parecen haber funcionado. La Ley 30/2015 multiplicó las exigencias a los centros académicos que se dedican a formar a los trabajadores, unas entidades que a partir de ahora también se encontrarán con la competencia de las grandes empresas. Los controles y las exigencias para adjudicar las convocatorias se habían extremado como consecuencia de malas praxis previas, algunas tan escandalosas como el caso de los ERE de Andalucía.
Fátima Báñez, ya durante el Gobierno del PP, lideró la nueva norma de 2015, con amplio consenso parlamentario, pero desde entonces ajustarse a los requerimientos resulta tan complicado que cada año queda buena parte de los fondos sin usar, cientos de millones en un punto desconocido, año tras año. Este Gobierno ha tomado ese remanente para aliviar sus desembolsos durante estado de alarma, pero el sistema se mantiene de cara a futuro.
«El sector privado tecnológico está contribuyendo de manera fundamental a configurar una FP para el empleo que responda a las necesidades del mercado laboral», cree Alicia Richart, directora general de digitalES: «Es una buena noticia que sean las empresas que crean y despliegan las herramientas tecnológicas necesarias para la transformación digital las que puedan también contribuir a la mejor formación de los trabajadores y trabajadoras, y que ayuden a la empleabilidad en un mercado laboral en plena transformación», valora.
Un buen ejemplo de las fallidas adjudicaciones de cursos para trabajadores que tuvieron lugar en el pasado es la convocatoria de formación de 2016 que tuvo que ampliar sus plazos en dos ocasiones en un intento desesperado de encontrar centros de formación que se ajustaran a las condiciones requeridas. La cantidad prevista en esa convocatoria era de 250 millones de euros, pero la ejecución se quedó en el 47% del objetivo marcado.
El mundo.